Leonel Jácome y Édinson Franco fueron asesinados en Ocaña (Norte de Santander), y otros 8 campesinos resultaron heridos de bala, el pasado sábado 22 de junio, a causa de los disparos de fusil con los que el Ejército Nacional arremetió contra la manifestación campesina que se encontraba en cercanías del aeropuerto de ese municipio.
Los asesinatos se enmarcan en las protestas que, durante dos semanas, han protagonizado más de 4.600 habitantes de Tibú en contra de las políticas del alcalde Gustavo León Becerra y de la movilización de más de 7.000 campesinos del Catatumbo –región ubicada al noreste del departamento y que comprende zonas rurales de los municipios de El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, El Tarra, Hacarí y Tibú– que exigen, entre otros asuntos, la suspensión inmediata de las erradicaciones forzadas de cultivos de coca, la ejecución de un programa de sustitución gradual y concertada, y la declaración inmediata de la zona de reserva campesina del Catatumbo.
Tragedia anunciada puede continuar
Desde hace dos semanas se han realizado dos protestas en Norte de Santander que pueden parecer la misma pero no lo son. En la primera, iniciada el 8 de junio, los habitantes del casco urbano de Tibú vienen bloqueando las vías que comunican el municipio con Cúcuta y Ocaña, mientras en la segunda, surgida apenas 3 días después, la protesta campesina se ha concentrado en la vía hacia Ocaña por el incumplimiento reiterado del gobierno en los temas concertados en la Mesa de Interlocución y Acuerdo.
Las protestas alcanzaron tal punto que, el pasado miércoles 19 de junio, el Gobierno Nacional envió a la región una comisión de alto nivel a dialogar con los manifestantes, que incluía al ministro de Agricultura, Francisco Estupiñán; a la gerente del Incoder, Miriam Villegas; y al gobernador de Norte de Santander, Edgar Díaz. Sin embargo, a la hora de buscar acuerdos para solucionar la crisis que se presenta en esta región, extremadamente rica en recursos minerales y petroleros, la exigencia de los representantes del Estado para que estuvieran presentes los generales Marcolino Tamayo, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta ‘Vulcano’ del Ejército, y Rodolfo Palomino, director de Seguridad Ciudadana de la Policía, llevó a que los campesinos se levantaran de la mesa, pues, según la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), en más de 4 años de trabajo en la Mesa de Interlocución y Acuerdo nunca se hizo necesaria la presencia de representantes de la Fuerza Pública y que ahora esa presencia resultaba en un factor de tensión por los excesos de fuerza, detenciones arbitrarias, torturas, saqueos y otras violaciones de derechos humanos que los uniformados vienen cometiendo en la zona para reprimir la protesta de las comunidades.
Como resultado de la negativa de los campesinos a aceptar las condiciones que les imponía el gobierno, siguieron los bloqueos y las protestas. Por su parte, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía Nacional continuó lanzando –incluso desde helicópteros– gases lacrimógenos, balas de goma, granadas de dispersión y explosivos hechizos en contra de los manifestantes, de acuerdo con el registro en terreno de distintos periodistas, generando graves lesiones a varios campesinos, incluída la mutilación de una mano de uno de los labriegos y un pie de otro, y a 2 de los 6 uniformados que han resultado heridos en los ya 16 días de tensión en el Catatumbo, según informan testigos.
El viernes, durante una ceremonia de ascensos en la escuela de oficiales de la Policía, el presidente Santos señaló que las protestas en el Catatumbo están “infiltradas por la guerrilla” y ordenó el envío de refuerzos de Ejército y Polícía a la zona para que “mantengan el orden […] la Fuerza Pública seguirá actuando en todo el territorio nacional con toda la contundencia, sin descansar un solo minuto”.
Ante este anuncio, el sábado los campesinos decidieron tomarse pacíficamente el aeropueto de Ocaña, donde están desembarcando los uniformados, para así evitar que un aumento del pie de fuerza resultara en nuevas agresiones en su contra. Allí, hacia las 11 am, fueron recibidos por miembros del Ejército, que les advirieron que abrirían fuego en su contra si llegaban a acercarse al cercado perimetral del aeródromo. Finalmente, poco después de la 1 pm, los soldados cumpliron su promesa, disparando contra la multitud de campesinos desarmados, que se enfrentaron a piedra con los uniformados hasta las 5 pm. En estos hechos, también fue atacada a tiros una misión humanitaria que buscaba documentar la crisis en el Catatumbo y que está compuesta por “abogados, periodistas y 5 personas extranjeras que realizan acompañamiento de protección”.
Pero no han sido los manifestantes los únicos perjudicados por la brutalidad policial y los excesos militares, que ya dejan a más de 50 personas heridas, a una veintena de detenidos y a 2 campesinos judicializados. Los periodistas en la zona han sido constantemente fotografiados por los uniformados, quienes además les han agredido físicamente y amenazado, diciéndoles frases como “¡Si sigue grabando le rompemos las patas!”. Además, se ha documentado la presencia de decenas de hombres de la Policía sin uniforme ni identificación alguna participando en las refriegas o fotografiando a los comunicadores y a los defensores de derechos humanos presentes en la zona.
Adicionalmente, conforme pasan los días aumenta la preocupación en el Catatumbo por las detenciones de manifestantes y la posibilidad de judicializaciones masivas. Dos campesinos que fueron detenidos denunciaron, que una vez llevados a la estación de Policía fueron golpeados “a puño, pata y culata” al interior de esa guarnición y se han multiplicado los casos de maltrato físico a personas de la región, lo que se tipifica como tortura. Además, el líder campesino Pablo Téllez denunció que se pretende judicializar a 8 líderes de Ascamcat, lo que puede propiciar más enfrentamientos. Por ello, Jesús Antonio Sánchez, alcalde de Ocaña, pide que haya una comision de verificación de derechos humanos con representantes de la OEA, de la ONU, de la Procuraduría General de la Nación, de la Defensoría del Pueblo y de la diócesis de Tibú.
