El hacinamiento es una situación grave en los centros para menores infractores en Cali.
Tras fugas masivas en Cali, el ICBF alerta de posibles repeticiones en Bogotá y Medellín.
La perturbación del orden público que vivió Cali en abril por la fuga de varios menores infractores de los centros de rehabilitación el Buen Pastor y del Valle del Lili, que dejaron tres muertos y al menos 30 heridos, podría repetirse con similar magnitud en albergues de Bogotá y Medellín.
La alerta la hizo el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad que tiene a su cargo el manejo de los 22 centros que funcionan en el país, ante la fragilidad del sistema de vigilancia y seguridad para contener a 2.500 menores que están actualmente recluidos en estos lugares por orden de los jueces.
Camilo Domínguez, director de Protección del ICBF, señala que el panorama es preocupante debido al aumento de menores que son atendidos por el sistema penal para adolescentes. Del 2007 al 2012, esta población pasó de 4.000 a más 29.000 casos.
La alarma del ICBF se debe a que las deficiencias en el manejo de los menores en estos centros podría convertir a estos sitios en un bomba de tiempo.
El ICBF calcula que el 22 por ciento de los menores sancionados por los jueces terminan con orden de confinamiento hasta por ocho años. Hay jóvenes de 25 años que no han pasado a las cárceles, como lo establece la norma.
Según las cifras, uno de cada tres jóvenes está en esta situación.Muchos de ellos cumplen la mayoría de edad en los centros y deben convivir con menores de 15 o 16 años. Estos últimos, según las autoridades, son influenciados por los mayores para realizar actos violentos o cometer otros delitos al salir del centro, como ocurrió en Cali.
Por esto no es de extrañar que, según cifras del ICBF, uno de cada cinco adolescentes sea reincidente.A este problema se añaden factores de vulnerabilidad del joven, como ausencia de escolaridad o haber sido víctima de adultos que lo utilizan en las bandas criminales.
La mayor parte de menores infractores están involucrados en casos de tráfico de estupefacientes y hurto calificado. Según reportes de la Policía, más del 70 por ciento de los 9.000 menores detenidos en lo corrido del año son por estos delitos.
El otro problema es la inseguridad. La vigilancia en los centros la asumen los docentes que atienden a los menores. La Policía solo ejerce un control de seguridad perimetral, por fuera de los albergues. A juicio del ICBF, este esquema debe revisarse.En el caso de Cali, solo había cuatro policías para controlar la fuga en el exterior del Centro Valle del Lili.
A esto se suma que las bandas criminales y los grupos armados ilegales se infiltran en los centros, para utilizar a los jóvenes en delitos, generalmente ligados a la venta de drogas ilegales.
El general Rodolfo Palomino, director de Seguridad Ciudadana de la Policía, no descarta que esa entidad entre a reforzar la vigilancia en el exterior de los centros. “Estamos evaluando un esquema que garantice la protección de los menores infractores”, aseguró el oficial.
Y agregó que, no obstante, “lo más importante es buscar otras fórmulas para que el menor infractor cuente con un escenario propicio para su rehabilitación y recomponga su comportamiento”.Frente a la percepción generalizada de que estos centros se han vuelto inmanejables, las entidades encargadas del tema de los menores infractores coinciden en que debe haber un órgano que asuma la coordinación de todo el sistema.
