*Comunicado ante la masacre ocurrida en el centro penitenciario de la
regiòn centro occidental (Uribana) el pasado viernes 25.01.2013.*
Una vez más alzamos nuestra indignada voz de protesta para condenar
contundentemente la acción genocida perpetrada por las autoridades del
Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, funcionarios
del GRIP y de la Guardia Nacional Bolivariana, en la cárcel de Uribana que
arrojó un saldo trágico indeterminado de venezolanos asesinados y heridos.
Cabe recordar que la anunciada requisa a la cárcel de Uribana se hizo
inminente el pasado mes de noviembre, cuando la titular del Ministerio de
Servicios Penitenciarios, abogada Iris Varela, informara sobre el suceso en
el cual un trabajador de la construcción adyacente al penal resultó herido
por arma de fuego. A consecuencia de este hecho las visitas fueron
inmediatamente suspendidas y se retrasaron las audiencias de juicio, así
mismo se les impidió a los familiares suministrar alimentos preparados a
los presos, y desde entonces se instaló entre la población penal un estado
de zozobra permanente en espera de la requisa. Durante estos meses
persistieron las conversaciones a fin de garantizar que ésta -como hecho
rutinario- se realizara de manera pacífica; al punto, que un día antes el
propio director de Uribana Nelson Bracca reportó a los medios de
comunicación que existía normalidad en el penal, garantizando que tal
procedimiento se llevaría a cabo de manera “totalmente pacífica”. No
obstante la presencia de unidades militares y la restricción del acceso
hacia las inmediaciones de Uribana, alertaban ya de las previsiones que el
Estado adelantaba para el escenario de violencia que se desataría al día
siguiente.
Esto fue información pública – dentro y fuera del penal- pues para nadie es
un secreto que los internos se comunican permanente a través de teléfonos
celulares, tanto más cuando se trataba de un asunto que mantenía en vilo a
todas las personas vinculadas de una u otra forma a la dinámica carcelaria.
Por lo que las desfachatadas acusaciones de la ministra contra los medios
de comunicación redundan en la mentira y manipulación, al igual que la
negativa a ofrecer cifras creíbles de las víctimas supuestamente en
“resguardo a su dignidad”.
Si bien es cierto que la historia de Uribana puede resumirse en secuestros,
coliseos, huelgas de hambre, desacato judicial entre otros hechos violentos
e irregulares, no es menos cierto que el hacinamiento, retardo procesal y
violación del debido proceso, carencia y/o deficiencia de servicios
públicos elementales, indispensables para garantizar un mínimo de la
dignidad humana que tanto “defiende” la ministra, fueron el día a día de
quienes allí subsistían acompañados de la muerte como sombra permanente.
Resulta ignominioso que hoy ninguno de los jueces y fiscales se den por
aludidos ante lo que sin duda es la crónica de una masacre anunciada,
cuando todos sus actos apuntalaron el sangriento desenlace. Una muestra de
ello fue el desparpajo del cuestionado ex Juez Abog. Edwin Andueza al
otorgar beneficio procesal al entonces líder de los coliseos conocido como
“Alexito”. De la misma manera, en diferentes instancias han sido ignoradas
las denuncias de las víctimas contra jueces complacientes, ineficientes y
corruptos que catapultaron al estado Lara como territorio de impunidad.
Nos preguntamos: ¿Quiénes se lucran del negocio del tráfico de armas y de
drogas, de los beneficios procesales y las libertades?
El Estado, sus tribunales y policías, sus guardias y pranes, todos actúan
como un solo brazo ejecutor. Son ellos quienes se benefician directamente
de esta industria del crimen a costa de la vida de jóvenes habitantes de
nuestras barriadas, convertidos en delincuentes y diariamente asesinados
en las cárceles y calles de este país.
La condición de procesados – vale decir, ciudadanos cuya culpabilidad no ha
sido comprobada en un tribunal- de miles de hombres y mujeres tras los
muros de las prisiones, olvidados por la justicia es, definitivamente,
prueba incontestable de la verdadera política penitenciaria y cómo opera
el sistema de administración de justicia en este país, que condena de facto
a los más humildes y extermina, por diversas vías, a los privados de
libertad; política que se ha recrudecido con la llegada de la actual
titular del despacho penitenciario. Las cifras del Observatorio Venezolano
de Prisiones y de Una Ventana a la Libertad son reveladoras, no en vano
estas ONG han sido acosadas y criminalizadas por diversos entes oficiales.
Igualmente ignominiosa es la abierta aquiescencia de los diputados por el
estado Lara, tanto del oficialismo, en particular aquellos que
vergonzosamente aplaudían la rueda de prensa de la ministra Varela
justificando la masacre, como de los diputados de la llamada oposición que
a lo largo de estos años han hecho mutis del problema de Uribana y que hoy
de manera oportunista se pronuncian en los medios de comunicación, su único
escenario. Ha quedado demostrado que ninguno de estos señores representa el
sentir del pueblo larense, sistemáticamente ultrajado en sus más nobles
valores ciudadanos. Junto a sus nombres, los rostros impúdicos y
complacientes de estos diputados, han de permanecer grabados en la historia
contemporánea de Venezuela como actores corresponsables de este escenario
dantesco.
Por otro lado, replicamos el llamado que el gobernador Henry Falcón
hiciera al gobierno nacional limitándose a exhortarlo a “decir la verdad
sobre Uribana”, escurriendo de esta manera el bulto que por mandato le
corresponde también a él como la más alta autoridad del estado lara, y sin
que se atreviera al menos a decretar duelo regional por lo que fue a todas
luces una masacre que enluta a cientos de familias de ésta y otras
entidades del país.
En este marco, cabe destacar el esfuerzo desplegado por los medios impresos
regionales que han publicado -sin mordaza- extensos reportajes donde se
refleja la historia real de la masacre de Uribana. Lamentablemente no puede
decirse lo mismo de la cobertura de las plantas televisoras privadas del
estado Lara, ni de los llamados medios de comunicación comunitarios, cuya
subordinación a la oscura línea informativa gubernamental ha sido la norma
desde siempre, poniéndose de espaldas a los derechos del pueblo que dicen
defender.
En conclusión, los hechos han mostrado que los sucesos de Uribana se
corresponden con una política de Estado, expuesta recientemente por el
vicepresidente Nicolás Maduro cuando afirmó sobre la necesidad de *“retomar
el control de los penales del país, porque las cárceles tienen que ser
gobernadas por la ley.» *Y para imponer la ley del Estado a sangre y fuego
vino precisamente la ministra Varela.
Finalmente, nuestras más sentidas palabras de condolencia y solidaridad
activa con las víctimas de la masacre, hoy más que nunca se hace necesaria
la organización y un pronunciamiento por parte de familiares y
sobrevivientes a fin de que la versión oficial, la complacencia
institucional y la impunidad no se impongan silenciando las voces de
quienes cargan sobre sus espaldas el peso de la estigmatización y la
exclusión social, que desconoce y niega de facto los derechos humanos de la
población penal.
¡QUE LA MASACRE DE URIBANA NO QUEDE IMPUNE!
¡SOLO CON LA UNIÓN COMBATIVA DE LAS VICTIMAS PODEMOS ALCANZAR
NUESTRAS REIVINDICACIONES!
COMITÉ DE VÍCITIMAS CONTRA LA IMPUNIDAD-LARA.
COVICIL . Enero 2013.
